Las propuestas combinan elementos que históricamente han pertenecido a tradiciones políticas opuestas. Por un lado, mecanismos redistributivos clásicos como fondos soberanos de riqueza pública y redes de protección social ampliadas. Por el otro, una lógica de mercado que sigue poniendo al capital privado como motor principal del crecimiento. El resultado es un híbrido ideológico que refleja, más que cualquier convicción profunda, la necesidad de OpenAI de ser aceptable para audiencias muy distintas: gobiernos demócratas y republicanos, inversores y trabajadores, reguladores y emprendedores.
Quién paga la factura
Uno de los puntos centrales del documento es el desplazamiento de la carga tributaria desde el trabajo hacia el capital. La lógica es sencilla: si la automatización reduce la masa salarial y, con ella, los aportes a la seguridad social, alguien tiene que compensar esa pérdida. OpenAI sugiere gravar con mayor intensidad las ganancias corporativas, las rentas del capital y los retornos generados directamente por sistemas de IA. También aparece en el documento la figura del "impuesto al robot", una idea que Bill Gates ya había lanzado hace casi una década: que una máquina que reemplaza a un trabajador humano debería tributar de forma equivalente a lo que ese trabajador aportaba al sistema.
La propuesta tiene sentido desde un punto de vista fiscal, pero enfrenta resistencias políticas enormes. En el contexto estadounidense, cualquier aumento al impuesto sobre las ganancias de capital despierta oposición inmediata en el sector tecnológico, que históricamente ha apoyado políticas de baja tributación sobre el capital. No es casual que el mismo documento haya sido publicado por una empresa cuyo presidente hizo donaciones millonarias a la campaña de Donald Trump, y cuyos aliados en Silicon Valley financian activamente lobbies por una regulación de IA más laxa.
Un fondo para todos
Quizás la propuesta más llamativa es la creación de un Fondo Público de Riqueza que otorgue a todos los ciudadanos una participación automática en las empresas e infraestructura de IA, independientemente de si invierten en bolsa o no. Los retornos se distribuirían directamente a la población. Es una idea que tiene ecos del fondo soberano noruego o del Alaska Permanent Fund, y que apunta a resolver una tensión real: la IA está inflando valuaciones bursátiles récord mientras la mayoría de la población no ve ninguno de esos beneficios reflejados en su vida cotidiana.
Trabajar menos, vivir mejor
En el plano laboral, OpenAI propone subsidiar una semana de cuatro días sin reducción salarial, además de que las empresas amplíen sus aportes a jubilaciones, cubran una mayor proporción de los costos de salud y subsidien cuidados de hijos y adultos mayores. El problema evidente es que estas propuestas están formuladas como responsabilidades corporativas, no estatales. Quien pierde su trabajo por la automatización pierde también el acceso a todos esos beneficios atados al empleo.
OpenAI menciona la creación de "cuentas de beneficios portátiles" que acompañen al trabajador entre empleos, pero sin el respaldo gubernamental universal que realmente protegería a quienes quedan afuera del mercado laboral de manera permanente.
El problema de la concentración
Más allá del empleo, el documento reconoce que la IA plantea riesgos sistémicos que van desde su uso por parte de actores maliciosos hasta la posibilidad de que sistemas autónomos operen fuera del control humano. OpenAI propone organismos de supervisión, planes de contención para IA de alto riesgo y salvaguardas específicas para usos sensibles como ciberataques o amenazas biológicas. Simultáneamente, propone tratar a la IA como un servicio público esencial, con subsidios e infraestructura compartida para evitar que el acceso quede concentrado en pocas manos.
El elefante en la sala
Hay una contradicción que recorre todo el documento y que OpenAI no puede resolver con buenas intenciones: la misma empresa que propone distribuir los beneficios de la IA es una de las que más activamente contribuye a concentrarlos. OpenAI nació como organización sin fines de lucro con el mandato explícito de que la IA beneficiara a toda la humanidad. El año pasado completó su conversión en empresa con fines de lucro, obligada a responder ante accionistas y a crecer. Ese cambio de naturaleza jurídica no invalida sus propuestas de política pública, pero sí obliga a leerlas con cierta distancia crítica.
Las ideas de OpenAI no son malas. Muchas de ellas merecen debate serio y urgente, porque las preguntas que plantean —cómo distribuir la riqueza generada por la automatización, cómo financiar el Estado sin base salarial, cómo proteger a quienes quedan fuera del mercado laboral— son preguntas genuinamente difíciles que ningún gobierno ha respondido todavía con suficiente claridad.
Pero un documento de política económica publicado por una empresa valuada en casi un billón de dólares no es lo mismo que una propuesta legislativa independiente. Es, también, una pieza de relaciones públicas, un intento de posicionarse como actor responsable en un momento en que el escrutinio regulatorio sobre la industria no hace más que crecer.
La era de la inteligencia ya llegó. Lo que todavía no llegó es el consenso sobre quién paga sus costos y quién se queda con sus ganancias.
